Una diferencia del 343% entre lo que registran los gobiernos seccionales y lo que reconoce Finanzas.

Uno por uno, el reclamo es el siguiente: Según el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador (Congope), Finanzas les debe USD 623 millones. El ministerio solo registra deudas por USD 140 millones. Eso significa una reducción de la deuda del 345% o el equivalente a USD 483 millones. Mientras que las Alcaldías aseguran que la deuda asciende a USD 1.015 millones, pero Finanzas solo registra obligaciones por USD 224 millones. Es decir, existe una diferencia de USD 791 millones entre ambas cuentas. Solo las juntas parroquiales coinciden con Finanzas en que la deuda es de USD 7,7 millones.

Precisamente, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso se comprometió con los gobiernos seccionales a precisar todas las cifras que están pendientes de cumplimiento. Una cuestión de números ¿Por qué las cifras son diferentes? El Gobierno Central solo toma en cuenta en sus obligaciones con gobiernos seccionales los valores por:

• Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Modelo de equidad territorial(MET)
• Competencias de riego y patrimonio
• Aplicación de la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro.

Los gobiernos autónomos reclaman asignaciones por otras competencias. Pero, incluso, aseguran que las obligaciones que reconoce Finanzas son más altas, especialmente en las asignaciones pendientes del modelo de equidad territorial (MET) en el Presupuesto del Estado. Por asignaciones del MET, Finanzas registra una deuda de USD 170 millones; los gobiernos seccionales reclaman una cifra superior a los USD 906 millones. Finanzas justifica la reducción de las asignaciones por el modelo de equidad territorial a la caída de los ingresos (petroleros y tributarios) del Estado, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Según el modelo de equidad territorial, los gobiernos seccionales participan del 21% de los ingresos permanentes (recaudación de impuestos) y del 10% de los ingresos no permanentes (exportaciones de petróleo) del Presupuesto del Estado. Las autoridades de los gobiernos seccionales aseguran que comprenden la situación económica que atraviesa el país. Y aseguran que están de acuerdo en que los recortes presupuestarios al MET se realicen hasta en un 5% como lo señala el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). Pero, los gobiernos seccionales aseguran que los recortes presupuestarios para ciertas prefecturas y alcaldías ascendieron hasta el 50% y 70%, respectivamente. Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, asegura que los gobiernos seccionales viven una situación asfixiante porque los planes y programas no se pueden cumplir por la falta de recursos.

“La falta de recursos impide atender a la población, dar agua potable, alcantarillado y servicios sociales”. Lucía Sosa

Fuente: Primicias.ec