La jueza anticorrupción María Fernanda Castro Argos sobreseyó al sargento del Ejército, Segundo C., y a los militares, en servicio pasivo, Leonel J. y Jairo A., pese a que la Fiscalía presentó abundantes pruebas sobre su supuesta participación en delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. En el juicio existen chats del celular de Segundo C., que indican que fue contratado por operadores de la mafia albanesa para identificar a los militares que en enero del 2024 ubicaron y capturaron 22 toneladas de cocaína en una hacienda en Los Ríos. El plan habría sido infiltrar a la unidad de inteligencia y dar con el paradero de sus fuentes, para asesinarlas.
Redacción Código Vidrio
Pese a la abundante prueba en su contra, que apunta a su relación con la mafia albanesa, la jueza anticorrupción María Fernanda Castro Argos sobreseyó al sargento del Ejército, Segundo C., y a los militares en servicio pasivo Leonel J. y Jairo A., procesados por lavado de dinero y asociación ilícita.
La decisión de la jueza, que ha causado una gran preocupación en las Fuerzas Armadas y el Gobierno, fue inmediatamente apelada por la Fiscalía durante la audiencia oral preparatorio de juicio celebrada en el complejo judicial en Quito, el viernes 25 de enero pasado.
Este proceso ha estado marcado por dilaciones y demoras desde cuando empezó, en marzo del año pasado. La audiencia de juzgamiento se celebró diez meses después por continuos diferimientos avalados por la jueza Castro. Por este motivo la causa estuvo a punto de extinguirse.
La captura de los militares
Los tres militares fueron capturados el jueves 1 de marzo pasado, por la Policía en un restaurante de KFC, cerca al parque El Ejido, en el centro norte de Quito, en una operación coordinada con Inteligencia militar. Cuando fueron capturados los uniformados no pudieron justificar el origen de 100 mil dólares, con los cuales querían sobornar a agentes de Inteligencia para recabar información sobre el operativo que en enero decomisó 22 toneladas de cocaína en Los Ríos, por un requerimiento de operadores de la mafia albanesa, según consta en el proceso judicial.
En su defensa, los procesados dijeron que habían llegado a Quito desde Los Ríos, con ese dinero para comprar un camión. Sobre el origen del dinero indicaron que los obtuvieron a través de préstamos y con la venta de un automóvil. Los montos que proporcionaron no coincidían, tampoco tenían respaldos documentales que corroboren sus versiones, según la Fiscalía.
Entonces, la jueza ordenó la prisión preventiva de los dos exmilitares y concedió medidas sustitutivas a favor de Segundo C., quien fue liberado y se ha presentado periódicamente al juzgado, con prohibición de abandonar el país.
Informes y documentos adjuntados al proceso y revisados por Código Vidrio indican que en realidad todo el dinero pertenecía al sargento Segundo C. Según chats encontrados en su celular, él quien había sido reclutado por un representante de la mafia Albanesa, que le pagó 300 mil dólares para que ubicara a la fuente que dio información a unidades de Inteligencia del Ejército, lo que permitió la incautación de las 22 toneladas de cocaína.
El alijo fue descubierto cuando los militares que realizaban el operativo en la hacienda buscaban armas y explosivos. Durante la búsqueda llegaron a una bodega subterránea de cemento, ubicada debajo de una chanchera. En el lugar descubrieron un pasillo de 20 metros de largo, aproximadamente, que los condujo hasta pequeños cuartos, cada uno tenía 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 de altura. En esas habitaciones los militares descubrieron 500 sacos de yute. Cada uno contenía alrededor de 30 paquetes, tipo ladrillo, de cocaína, que estaban envueltos con cinta aislante. Algunos de los bloques tenían sellos con las siglas de dos aerolíneas europeas.
La droga, valorada en más de 300 millones de dólares en el mercado internacional, fue trasladada hasta Quevedo para su pesaje y luego fue destruida. Las 22 toneladas de cocaína fueron transportados hasta la bodega subterránea por la banda de Los Lobos, según investigadores con conocimiento del caso. Otra -Los Choneros- se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera -Los Lagartos- se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado.
Tras la captura, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento Segundo C. V., para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial.
En el Ejército el sargento de Inteligencia fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles en diciembre pasado.
Tras la incautación del mayor cargamento de droga se abrieron tres procesos judiciales. Dos para investigar quienes eran los dueños de la droga, que empezaron inmediatamente, y el de lavado y asociación ilícita.
El sargento contacta a sus compañeros
Pocas semanas después de la captura de la droga, Segundo C. empezó a contactar a otros militares de Inteligencia integrantes de la unidad militar que accedió a la información del sitio donde se encontraba la cocaína, para intentar acceder a la información.
En febrero del 2024, durante varios días, llamó insistentemente a un militar de Inteligencia en Quito para ofrecerle un pago por la información precisa de la fuente, su identidad y fotografía, y así poder identificar a todo el equipo militar y policial que participó en el operativo, para que sean ubicados y de ser el caso asesinados.
En los informes del caso hay chats y un video en el cual el militar le envía al uniformado un video donde muestra los fajos de billetes de 100 dólares que había recibido como pago.
El 24 de febrero el sargento llamó nuevamente al militar y le comentó que la mafia albanesa lo había contactado a través de un amigo para que ubicara datos del informante.
