El 14 de mayo anterior se inició un nuevo periodo de trabajo de la Asamblea Nacional. Tras tomar posesión, el legislador Fernando Villavicencio dijo que una de sus primeras acciones “será fiscalizar la contratación de personal innecesario” en este órgano del Estado.

“En el área administrativa hay un exceso de 518 empleados. Esas partidas deberían ir al sector salud. Un ahorro anual de $12millones (sic.)”, publicó Villavicencio en su cuenta de Twitter.

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Según los registros de la Asamblea, en abril pasado la nómina total ascendía a 1.310 personas que se desempeñaban en los siguientes cargos: 137 asambleístas, en cuyo grupo está incluido el presidente del legislativo; 294 asistentes y 183 asesores de nivel 1 y 150 asesores de nivel 2; 42 oficinistas, 35 especialistas, 24 gestores de la casa de la Asamblea y otros 445 colaboradores que tienen funciones de secretarios, prosecretarios, periodistas, comunicadores, asistentes jurídicos, supervisores de participación ciudadana, especialistas de nómina, traductores, laboratorista, odontólogo y mensajeros, por ejemplo.

“Hay que tener en cuenta que el número de funcionarios legislativos no es que sea excesivo y podamos decirlo tan general e, incluso, desde mi punto de vista, irresponsable. Le pongo un caso, hace un año, la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea, que es la encargada de revisar que los proyectos de ley cumplan o no con los requisitos, estaba integrada por quince personas. ¿Cómo una unidad técnica que tiene que analizar más de 970 proyectos de ley que fueron presentados en el anterior periodo legislativo se puede dar abasto con quince personas? Es imposible”, analiza Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

EL UNIVERSO solicitó una entrevista al área de Comunicación de la Asamblea Nacional con un vocero, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. El asambleísta Villavicencio tampoco ha respondido a una solicitud de entrevista de este medio.

En abril, la nómina de 1.310 personas representó $ 2,9 millones en remuneraciones. Ese rubro proyectado a un año asciende a $ 34 millones, según los registros del órgano legislativo.

Los asambleístas ganan $ 4.759 al mes -unos $ 652.000 por los 137 legisladores-, reciben un teléfono móvil con plan celular, un iPad y un computador. Ellos lideran un equipo de dos asesores (uno de nivel 1, que gana $ 3.014; y otro nivel 2, cuyo sueldo es de $ 2.545) y dos asistentes administrativos (la remuneración de un asistente de asambleísta es de $ 1.394).

“Eran los justos (los asesores y asistentes). Y todo va a depender de como trabaje un despacho, porque hay asambleístas que jamás presentaron un proyecto de ley. Hay algunos que ni siquiera iban a la Asamblea. Entonces podría ser demasiado. Para los asambleístas que estábamos constantemente en la Asamblea Nacional, que estábamos presentando proyectos de ley, observaciones a proyectos de ley, ejerciendo fiscalización, a veces no nos daba el tiempo con el equipo que teníamos”, comenta la exasambleísta Lourdes Cuesta, quien añade que hay un bono de vivienda para los legisladores que no residen en Quito y que el pasaje aéreo semanal que tenían se les suspendió durante la pandemia.

Luego de los asambleístas, 212 personas ganan entre $ 3.000 y $ 4.200, quienes se desempeñan en cargos como administradora de la Asamblea, secretaria de Comunicación, secretario general de la Asamblea, coordinadora de Protocolo, asesor de la Presidencia de la Asamblea, por ejemplo, cuyas remuneraciones mensuales suman $ 656.000.

Después de ellos están los 812 colaboradores, entre asesores, asistentes, analistas, etc., que perciben sueldos en el rango de $ 1.000 y $ 3.000, en total $ 1,4 millones. En el siguiente nivel de remuneraciones, que suman $ 110.000, están otras 149 personas, cuya paga mensual en puestos de mensajeros, conductores, oficinistas, auxiliares, por ejemplo, está entre los $ 520 y $ 1.000.

El director del Observatorio Legislativo defiende que los funcionarios públicos, como en el caso de los asambleístas y otros puestos, sean bien remunerados por el grado de responsabilidad que implica el cargo y como estrategia para combatir la corrupción.

“De tal manera que ese sea un motivante para que los funcionarios públicos hagan bien su labor y no caigan en prácticas de corrupción. Le doy un ejemplo sobre el salario que tienen los jueces en Perú y Uruguay, jueces de altas cortes, que andan alrededor de $ 12.000 a $ 15.000 mensuales; y tienen una estabilidad en la carrera pública de por vida, con la finalidad de que ese sea un desmotivante para cometer actos de corrupción”, agrega Espinel.

El activista, sin embargo, señala la deuda de fiscalización que dejó la Asamblea anterior y una labor legislativa que, asegura, pudo ser mejor.

Según los datos del Observatorio Legislativo de la FDC, el 70% de los proyectos de ley presentados en la anterior gestión del Parlamento consistían en reformas a leyes aprobadas en el periodo pasado. Esfuerzos que también pudieron haberse destinado a otros temas de igual o más importancia, comenta el vocero de ese organismo ciudadano.

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El exasambleísta Carlos Bergmann Reyna reconoce que la anterior Asamblea dejó temas pendientes, como fiscalizar la gestión de determinados funcionarios.

“Lo aceptamos, pero un proceso que le tocaba revisar también al Consejo de Administración de la Asamblea, que es el que califica el pedido de juicio político. Cinco pedidos tuvo el exministro Richard Martínez. ¿Y qué hicieron? Los durmieron en el CAL. Y como dice la Constitución que hasta un año después de ejercer como funcionario se le puede iniciar el juicio político”, justificó.

Bergmann Reyna, exsegundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en el último de los dos periodos que integró el órgano legislativo y exmiembro del CAL (2015-2017 y 2017-2019), destacó que en los últimos cuatro años “se han aprobado 65 leyes y se han logrado establecer 25 procesos de fiscalización”.

“Leyes importantes como la Ley de Pesca, que por décadas no había sido reformada. Yo critico al Gobierno pasado que vetó totalmente un Código de Salud que había sido trabajado, por lo menos, unos ocho años, y que tenía por primera vez un consenso”, dijo.

El político manabita también mencionó la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa como una de las herencias positivas para la presente Asamblea.

“Da la posibilidad del cumplimiento de muchos temas. Hay un comisión de ética, que la conforman cinco personas, antes eran tres. Entonces, uno pertenecía al acusado y otro al acusador, y quedaba solo un voto para decidir, ahora hay cinco miembros, lo que permite que haya un mayor criterio. Hoy la Comisión de Fiscalización es permanente. Ahora está establecido que en 90 días tiene que estar el reglamento de una ley, para no dejar en la ambigüedad o que algún funcionario pueda decidir al libre albedrío”, destaca Bergmann Reyna.