Hasta la medianoche del próximo viernes tienen 18 de los 20 sentenciados por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016, para pagar al Estado ecuatoriano, en calidad de ejecutante representado por la Procuraduría General del Estado (PGE), la reparación integral de $ 778.224 los autores mediatos, directos y coautores; mientras que como cómplice $ 368.632.

El viernes último, el nuevo Tribunal de Ejecución del caso Sobornos, integrado por Walter Macías (ponente), Marco Rodríguez y la conjueza Mercedes Caicedo, quien actúa en reemplazo del juez Adrián Rojas, emitió el “mandamiento de ejecución” y dio el término de cinco días para que los condenados paguen su parte de lo impuesto como reparación económica por el daño infligido al Estado a través del acto de corrupción definido en sentencia existió.

Sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 tienen 30 días para cancelar la parte económica de la reparación integral dispuesta

Contra quienes se emite el “mandamiento de ejecución” son los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores mediatos por instigación; Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia; los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte; la exasesora de Presidencia Pamela Martínez y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, exfuncionarios públicos condenados a ocho años de cárcel como coautores.

Además, los empresarios a quienes se les definió una pena de ocho años de cárcel como autores directos del delito de cohecho: Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga y Mateo Choi.

Finalmente, quien deberá pagar los $ 368.632 de reparación integral, debido a que fue declarada cómplice del delito de cohecho, será la exasistente presidencial Laura Terán. El 27 de mayo pasado, la defensa de Terán informó al Tribunal de “su imposibilidad material de cumplir con el mandamiento de ejecución”.

A finales de septiembre pasado, el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, que se transformó en Tribunal de Ejecución y que para ese momento estaba integrado por los jueces juez Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, procedió a ejecutar el componente económico de la reparación integral y dio 30 días a los condenados para que paguen su parte proporcional de la reparación total que alcanza los $ 14′745 297,16.

Hasta el momento los empresarios también condenados en este caso, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo, son los únicos que han pagado en su totalidad la reparación integral dispuesta de $ 778.000 y $ 368.000, respectivamente. Hidalgo fue hallado finalmente culpable en calidad de autor directo, pero mantuvo la reparación integral de los acusados como cómplices que se le impuso en la sentencia de apelación o de segunda instancia.

Alejandro Sarzosa, parte de la defensa del empresario Rafael Córdova, señaló que su cliente no cuenta con los recursos económicos, sobre todo en efectivo, para satisfacer esta obligación y por ello, hace unas semanas planteó una fórmula hecha para cancelar la reparación integral.

La fórmula de pago planteada consiste en dimitir una serie de bienes que están a nombre de Rafael Córdova: dinero en efectivo que estaría retenido por orden judicial (más o menos $ 123.000 en cuentas bancarias); bienes inmuebles que están a su nombre (aproximadamente $ 330.000) y la diferencia que se pueda cancelar a plazos.

Para poder establecer una fórmula de cuántos años, qué dividendos, en cuántas cuotas, a qué interés, la defensa del empresario ha solicitado que eso se lo haga a través de una mediación. A finales del 2020 la defensa de Córdova planteó una medición con la Procuraduría para resolver este tema, pero no señaló una fórmula de pago como en este caso. La PGE en ese momento se opuso a que se dé paso a una mediación.

Otros dos empresarios sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 plantean vías para cancelar reparaciones económicas impuestas para el Estado

El empresario Pedro Verduga, de 82 años, en noviembre pasado, presentó dos formas para pagar la reparación económica que le toca como autor directo. La primera opción era una dimisión de bienes y la segunda en efectivo a través de una compensación de créditos por los valores que, dice Verduga, le adeuda el Estado, por las obras en las que ha participado y no le han cancelado hasta el momento.

De no cumplir los sentenciados con el pago en el término dispuesto, desde el lunes 14 de junio próximo se procederá con el embargo de bienes y valores que hayan sido retenidos en cuentas a cada uno de los condenados en el sistema financiero local.