La actual Asamblea Nacional heredó más de 400 proyectos de ley represados, de los cuales existe una cifra que supera el centenar de propuestas con informes

Al menos unos 170 proyectos de los 423 que se encuentran represados en la Asamblea Nacional están listos para ser archivados, y deberán seguir el mismo procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa; es decir, pasar a conocimiento del pleno y con 70 votos resolver su archivo.

En la lista se encuentran proyectos presentados en periodos anteriores, por ejemplo, hace seis años, la exasambleísta Rosana Alvarado (Alianza PAIS) presentó el 30 de junio de 2015 en la presidencia de Gabriela Rivadeneira un proyecto para reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, donde proponía excluir de la pensión vitalicia a los expresidentes de la República que enfrenten procesos judiciales; para quienes hayan sido destituidos; para quienes abandonaron el cargo; a quienes se les impuso la declaratoria de incapacidad física o mental a través de la Asamblea Nacional; para los gobiernos de facto o de las sucesiones; y, para aquellos a quienes se les haya revocado el mandato.

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La comisión de Derechos de los Trabajadores presidida por Marllely Vásconez (AP), recomendó el archivo el 14 de octubre de 2015, señalando que la propuesta no propende a fortalecer derechos, pues los mismos están plenamente garantizados tanto en la Carta Constitucional, como en las leyes y resoluciones que regulan la materia. Desde esa fecha ese informe no ha sido incorporado en el orden del día del pleno para su resolución.

También la exasambleísta de Alianza PAIS Marisol Peñafiel, del periodo 2013-2017, planteó el 8 de marzo de 2016 la creación de una Ley Orgánica para la participación equitativa de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo en el sector público y privado.

Tres meses después, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores presidida por Vásconez emitió un informe recomendando su archivo, señalando que si bien la propuesta tiene una intención loable al tratar de superar la desigualdad de la mujer en el trabajo, establece medidas de acción afirmativa que no son viables y no solucionan la situación discriminatoria que pretende atender.

Igualmente, el exlegislador Antonio Posso, del movimiento Avanza, presentó en junio de 2015 un proyecto para reformar el Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, que buscaba regular los días de descanso obligatorio reformar el Código del Trabajo. Se recomendó el archivo y el informe espera su trámite en el pleno.

Del anterior periodo, el 13 de diciembre de 2017, el exasambleísta Roberto Gómez (CREO) presentó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica para la justicia laboral reconocimiento del trabajo en el hogar. Un año más tarde, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores presidida por la legisladora Liliana Durán (RC) presentó el informe recomendando el archivo en vista de que en marzo de 2018 la Corte Constitucional emitió una sentencia por inconstitucional el artículo 15 de la Ley que pretendía reformar Gómez, por lo tanto, el texto no se encontraba vigente. El informe para conocimiento del pleno, recomendando el archivo, ha permanecido cuatro años en la presidencia de la legislatura.

En la lista de estos casos existen al menos unos 170 proyectos con informe de archivo, y esta cantidad de proyectos dificulta el trámite de nuevas iniciativas que se presenten durante el nuevo periodo legislativo, advierte el coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores.

Considera que falta voluntad política para convocar a sesiones del pleno de la Asamblea para que de una vez estos proyectos sean archivados. Se necesita “ir vaciando eso”, sostiene Flores, pues afirma que si no lo hacen sería inoperante la actual Asamblea y se necesitaría casi dos años para poder tramitar 400 proyectos de Ley; y además, se necesita avanzar para que al menos unos cien proyectos que están pendientes de calificar en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sean calificados y al mismo tiempo seguir avanzando en las comisiones.

Lo que se está haciendo, describe el representante oficialista, es definir una dinámica con un compromiso político de las cinco bancadas legislativas de que se necesita una depuración de temas; y si se tiene que sesionar de lunes a viernes, se tiene que hacerlo.

Para esta semana, según los anuncios de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se esperan conocer los detalles de la agenda de los cien días de la legislatura, que tras una resolución del CAL, se determinó que tendría cinco ejes estratégicos: atención a la pandemia por COVID-19; reactivación económica y empleo; derechos de las mujeres, de pueblos y nacionalidades; protección de la naturaleza; y, educación.

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Desde la Izquierda Democrática, Wilma Andrade señala que cada comisión debería definir las prioridades de lo que requiere el país; por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Económico, donde es vicepresidenta, definió agrupar los proyectos por sectores: turístico, artesanal, emprendimiento, entre otros.

El tema del archivo tiene un procedimiento que básicamente es el mismo de la Ley, pues cada proyecto debe ser procesado en la comisión, revisado y luego del trámite correspondiente hacer un informe con los argumentos correspondientes que recomienden el archivo.

El represamiento de los proyectos con informes de archivo permanecen en la Presidencia de la Asamblea, lo que procede es incluirlos en la agenda del pleno y encontrar los 70 votos para la aprobación del informe. Todo esto, añade Andrade, es un desgaste de tiempo que no tiene la Asamblea.

Desde su experiencia como legisladora nacional insiste en definir prioridades y lamentablemente los demás proyectos irán rezagándose, y si el tiempo da se pueden abordar lo que más se pueda; pues en este momento el tiempo apremia por tratar los temas de mayor preocupación como salud, desempleo y reactivación económica.

Llegar al procesamiento de todos los informes que existen donde se recomienda el archivo, demanda de mucho tiempo en el pleno de la legislatura, o solo que fuera en paquete, pero la Ley no lo permite, porque todo proyecto demanda de un debate en el pleno.

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La coordinadora de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, señala que tal vez se cometió un error hablar de el volumen de los proyectos represados, porque primero era necesario hacer una valoración técnica, pues muchas de las propuestas podrían haber sido unificadas por materias y con ello disminuir la cantidad de iniciativas.

Por ejemplo, citó que hay cuatro iniciativas de proyectos sobre turismo y por lógica se tendría que unificarse y podría salir una buena ley; así pasa con algunas propuestas, por lo tanto, los 400 proyectos podían terminar reduciéndose a menos de la mitad de lo que existe.

Considera que hay muchos proyectos que fueron presentados en el periodo anterior y que para la actualidad están descontinuados y no se apegan a la realidad actual; entonces, esos proyectos deben ser archivados en el pleno. “Yo no creo en la cantidad de leyes, sino en la calidad de leyes que se procesen, pues la gente está demandando que la Asamblea le sirva para algo y aún no despega ni despunta”.