Jarrín, del movimiento Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa, aseguró que esta causa se coordinará con las acciones judiciales que también se han generado en Bolivia y Estados Unidos.

La acción fiscal contra Moreno es solicitada “por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al Gobierno de Jeanine Áñez en noviembre de 2019”, remarcó Jarrín en declaraciones a periodistas tras depositar su denuncia ante el Ministerio Público.

Según él, ese material se entregó cuando “el gobierno de facto” de Bolivia reprimía a la ciudadanía, por lo que el caso se trabajará “conjuntamente con las denuncias que se han presentado” ante la justicia boliviana.

El pasado jueves, el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y “municiones de guerra” desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Áñez.

El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino de Añez gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador “proyectiles y granadas” antidisturbios en una operación que “nunca” se hizo pública y que se manejó con “perfil bajo”.

Jarrín reiteró su exigencia de que la Fiscalía ecuatoriana “actúe con la diligencia que requieren” este tipo de casos e hizo un llamado al Gobierno del presidente Guillermo Lasso, sucesor de Moreno, para que se abran las dependencias públicas a las investigaciones.

Este es un caso “tan grave”, porque se considera la “entrega de pertrechos militares a otro país”, lo que configuraría delitos como disposición arbitraria de bienes públicos y hasta malversación o peculado, entre otros, que deberá determinar la investigación fiscal, añadió el asambleísta.

En este caso, según el legislador, podrían estar involucrados el expresidente Moreno, su ministra de Gobierno en ese momento, María Paula Romo, así como mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía ecuatorianas.

“Estamos solicitando que se inicien los procedimientos para la asistencia penal internacional”, ya que en Bolivia y en Estados Unidos han sido encausados exintegrantes del Gabinete del Gobierno de Añez, añadió.

Un ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido en Estados Unidos el pasado 21 de mayo, acusado de corrupción y lavado de dinero, en una investigación sobre el pago de 5,6 millones de dólares para la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones.

El actual ministro boliviano de Gobierno afirmó que ese caso, conocido como “gases antidisturbios”, fue una operación que se hacía “paralelamente” mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

Hasta el momento, ningún ministerio ni organismo gubernamental ecuatoriano se ha pronunciado sobre el caso ni respondido a consultas de Efe sobre la investigación abierta en Bolivia sobre el caso.

Sobre el Gobierno interino de Añez, detenida en Bolivia, están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, en la que fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres.