Los parlamentarios resolvieron continuar el trámite de 18 proyectos, de los cuales 16 reposan en la Comisión y dos calificados por el Consejo de Administración Legislativa sobre Ley Orgánica de la Juventud; y, darán trámite a las solicitudes de amnistía e indulto remitidas a la mesa legislativa. 

Los comisionados determinaron prioridades para el tratamiento de proyectos, como el de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de libre expresión y comunicación que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que se encuentra para calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa; el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Social, Político y Económico de la Mujer; Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en el Marco del Libre Desarrollo de la Personalidad; y, de derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

La Comisión determinó que se garantizará la participación de las diferentes autoridades, representantes de organismos internacionales, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y demás ciudadanos que deseen contribuir en el debate y análisis de los proyectos de ley.

En materia de evaluación y seguimiento de la ley, los parlamentarios fiscalizarán temas relacionados con los derechos de los trabajadores.

Igualmente, revisarán la motivación técnica y jurídica por la cual se reduce el presupuesto en las diferentes carteras de Estado y la eliminación de los beneficios sociales que se contemplan en la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.

Harán seguimiento a la aplicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto a los derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; y del Código de la Función Judicial, en cuanto a la interpretación intercultural que realizan los operadores de justicia. 

Así mismo, analizarán temas de ética, transparencia y lucha contra la corrupción, que es un eje de toda la Asamblea Nacional.

En estos procesos se convocará a diferentes autoridades de instituciones públicas, en el marco de sus competencias establecidas en las normas jurídicas.