El dictamen acusa al alcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor del hecho por cuanto conocía del proceso de contratación y preparó las condiciones para que Lenin Mantilla, Secretario de Salud Municipal firme el contrato para la adquisición de las 100 mil pruebas PCR para detectar los casos de COVID en la Capital de la República.  

El abogado de Yunda, Juan Pablo Alban, señaló que Fiscalía no ha introducido nada nuevo respecto a lo que planteó en la audiencia de vinculación el pasado 16 de febrero, por lo tanto, agregó que declarar la emergencia en la ciudad, delegar a la Secretaria de Salud los procesos no constituyen delitos de peculado.