Según la Fiscal esa experticia estaba llena de juicios de valor sobre los hechos ocurridos en 1998, por lo que pidió al Tribunal de la Corte Suprema de Justicia desechar ese indicio.                                     

En su oportunidad el Departamento de Estado dijo que la justicia Ecuatoriana no ha sido capaz de demostrar la existencia del delito.                

La sentencia estaba ejecutoriada por lo que la defensa solicitó el recurso de revisión.